Antonio Estañ, César Jiménez y Antonio Montiel (Podemos) hablan con el president de Les Corts, Enric Morera. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc en las campañas electorales de 2007 revuelve a Podemos. Las explicaciones que los del puño y la rosa han ofrecido en las últimas semanas a sus socios parlamentarios del Botànic no les satisfacen. Tampoco las que ofreció el Bloc. Sin embargo, que se apartara temporalmente a quien fuera el director de campaña en aquel momento y actual jefe de gabinete de Enric Morera, Lluismi Campos, hasta que compareciera en el Senado para explicar la financiación del partido ha hecho que las exigencias de la formación morada se dirijan al PSPV.
Ahora bien, si bien es cierto que desde que se conocieran las primeras informaciones la dirección del partido de los círculos ha pedido desde informes hasta dimisiones, la realidad es que esta "insatisfacción" no se ha traducido en ninguna acción concreta más allá de la recomendación de hacer una auditoría externa o de la propuesta de crear una comisión de investigación en Les Corts que se posponga como mucho hasta el 30 de septiembre. Y tampoco su secretario general en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, especificó este martes cuál es el siguiente paso que dará la formación ante los oídos sordos que hacen los socialistas cuando les piden ceses. Ni plazos, ni medidas.
No en vano, este martes Estañ se limitó a mantener la postura que su partido ha venido adoptando semanas atrás: pidió a los socialistas que aparten a algunas personas relacionadas "de forma evidente" con el caso como el exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro (actual diputado provincial), o el director de expansión de Egevasa, José Ramón Tiller. ¿Y si no lo hacen? Por el momento es una incógnita porque el también síndic de Podemos en Les Corts aseguró que no le correspondía a él "decidir medidas, ni aquí ni ahora".
Tampoco quiso pronunciarse en profundidad sobre la declaración de la semana pasada del presidente de Les Corts, Enric Morera, en el Senado porque, dijo, deben analizarla aún con detenimiento. Aunque esta tuvo lugar el jueves y duró apenas hora y media, sí estimó que el que fuera el candidato del Bloc en 2007 a la Generalitat había "lanzado balones fuera", en referencia al desvío a Esquerra Unida de las responsabilidades contables.
Con todo esto, cabe señalar que el margen de maniobra del partido de los círculos actualmente para ser más contundentes con su socio del Botànic es limitada. A estas alturas de la legislatura pocas son las leyes en las que sus votos resultan necesarios para que sean aprobadas ni tampoco su complicidad resulta indispensable para sacar adelante cuestiones clave como fueron los pasados presupuestos autonómicos. De lo contrario, podrían emplear sus trece escaños para ejercer de contrapeso y con ello apretar las tuercas de manera efectiva a sus socios parlamentarios.
La primera reacción de los morados al conocerse que cuatro juzgados investigaban presuntos delitos de malversación, prevaricación, y falsedad documental -el delito electoral estaba prescrito- fue pedir explicaciones a ambos partidos. Incluso barajaron convocar la comisión de seguimiento del Botànic. La tensión era elevada, pero tras una reunión en la sede de Podemos con PSPV y Bloc, ofrecieron a sus socios parlamentarios una tregua de 20 días para que prosiguieran con sus respectivas comisiones internas y reunieran la información contable de aquellas campañas que justificara que no existía ninguna sombra en su financiación de 2007.
Superado este plazo, la formación de Estañ advirtió que debían "analizar en profundidad" toda la documentación para poder exigir responsabilidades. No obstante, decidieron mantener cierta prudencia y esperar a que avanzara la instrucción en los tribunales de Gandia, Madrid y Benidorm. El inicio de las imputaciones de actuales cargos públicos socialistas fue lo que provocó que la semana pasada Podemos anunciara que se personarían en la causa. Eso sí, sin especificar tampoco cuándo lo harían.
De momento ya hay 26 investigados en la causa y en la formación morada la hoja de ruta sigue limitándose, como pudo verse este martes tras la Junta de Síndics, al pedir a los del puño y la rosa que aparten a aquellos imputados que actualmente siguen cobrando un sueldo público "si quieren de verdad proteger el Botànic" y "no al partido". Pero ni saben qué harán si no obtienen la respuesta deseada, ni marcaron ninguna fecha en el calendario para que se les dé contestación a sus demandas y que estas no queden en un mero y eterno cruce de protestas con los socialistas. Podemos aprieta, pero no ahoga.
