Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha decidido continuar adelante con el concurso para autorizar a una empresa privada a instalar un centro de procesamiento electrónico de datos (data center) en el edificio de los Docks, en La Marina, a pesar de la advertencia por escrito del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, sobre una posible reversión del edificio al Puerto, que lo cedió a la ciudad exclusivamente para fines "de utilidad pública o interés social".
¿Por qué Aurelio Martínez tiene "dudas" -según sus propias palabras- sobre que el consistorio que preside Joan Ribó pueda 'alquilar' a una empresa informática un inmueble donde no hace mucho funcionó una discoteca? ¿Un almacén de datos electrónicos no tiene utilidad pública o interés social? ¿Por qué otros edificios de la Marina sí están explotados por empresas? La respuesta está en los tiempos, en la literalidad de la ley y en el rigor con que suele actuar la Abogacía del Estado, que no se casa con nadie.
Vayamos por partes. El edificio de los Docks fue construido en 1917, con diseño de los arquitectos Víctor Gonsalves y Demetrio Ribes, y se destinó en sus inicios al almacenamiento de productos de importación a través de la empresa concesionaria Docks Comerciales de Valencia. De las cinco plantas que se habían proyectado, sólo se construyeron dos.
El edificio pertenecía a la Autoridad Portuaria de Valencia, que en 1999 lo cedió gratuitamente al Ayuntamiento junto a un conjunto de bienes que ya no utilizaba y que fueron desafectados del dominio público portuario estatal, con una superficie total de 23,7 hectáreas. Sin embargo, el inmueble no fue incluido en el convenio por el que el Ayuntamiento cedía a su vez al Consorcio València 2007 gran parte de estos edificios y terrenos para la celebración de la Copa América. El motivo es que sobre este edificio tenía una concesión la empresa Docks Comerciales de Valencia (Grupo Romeu) que vencía en diciembre de 2022.
Este es el motivo por el que, durante un tiempo, pudo funcionar allí la discoteca Las Ánimas del Puerto, ya que no fue una concesión del Consistorio, sino un alquiler del Grupo Romeu, que ya no utilizaba el edificio como almacén. No obstante, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad de la discoteca en septiembre de 2015, tras un incendio, debido a que no cumplía las normas de seguridad en materia de evacuación.
En 2017, el Ayuntamiento y Grupo Romeu llegaron a un acuerdo para el cese anticipado de la concesión y, al año siguiente, el Consistorio cedió el inmueble al Consorcio València 2007, tal como estaba estipulado en un convenio de 2013 que, tras la Copa América, fijaba las reglas para los bienes cedidos por la APV.
La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su artículo 44.1, establece que las autoridades portuarias podrán ceder gratuitamente los bienes desafectados solo cuando sea a favor de alguna Administración pública y exclusivamente "para fines de utilidad pública o interés social". Y añade que "si los bienes cedidos no fueran destinados al uso previsto, o dejaren de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la Autoridad Portuaria".
El Consorcio València 2007 pudo otorgar a empresas privadas con ánimo de lucro derechos de uso de los inmuebles cedidos porque tal 'alquiler' de espacios tenía una utilidad pública: devolver el crédito de 400 millones de euros al ICO. Así lo expresaba la Abogacía del Estado en un informe de 2012: "En relación con el segundo requisito -que la cesión sea para fines de utilidad pública o interés social-, cabe también apreciar su cumplimiento, teniendo en cuenta que la constitución del derecho de superficie tiene por objeto proporcionar al Consorcio ... el soporte jurídico necesario para que esta entidad, explotando las edificaciones e instalaciones, obtenga los recursos necesarios para amortizar el préstamo concedido en su día por el Instituto de Crédito Oficial para financiar la ejecución de las infraestructuras que tuvieron que construirse para la celebración de la Copa de América 2007".
Así, el Consorcio València 2007 podía haber otorgado un derecho de superficie sobre los Docks para una actividad económica, como había hecho con las antiguas bases de los equipos de la Copa América. De hecho, el grupo Las Ánimas planteó un complejo que incluía cultura, ocio, deporte, restauración y un coworking, entre otros, y el grupo hotelero ARC Resorts propuso instalar un hotel de lujo. Ambas propuestas fueron desestimadas. La intención de organismo que dirige Vicent Llorens, según se dijo entonces, era dar un uso "cultural" a los Docks.
Pero pasó el tiempo, no se concretó ningún plan y, en 2021, el Gobierno central se hizo cargo de la deuda del Consorcio València 2007 con el ICO. Después, el organismo que había gestionado la Marina inició el proceso de disolución, con lo que los terrenos y edificios que el Ayuntamiento y la APV habían cedido para la Copa América volvieron a sus dueños. Entre ellos, los Docks, cuya gestión corresponde ahora al Consistorio que preside Joan Ribó.
Sin embargo, tras la condonación de la deuda desapareció también la utilidad pública que la Abogacía del Estado había señalado para el Consorcio, pues ya no hay deuda que devolver al ICO. Por lo tanto, el nuevo uso que se quiera dar al inmueble tendrá que pasar por el filtro de los letrados del Estado.
Según la carta que Aurelio Martínez envió a Ribó, desvelada el pasado martes por Valencia Plaza, la Abogacía del Estado en València emitió informe el 19 de octubre de 2022 -informe que se trasladó con fecha 17 de noviembre al Ayuntamiento-, "en el que se analiza el concepto de utilidad pública e interés social en el ámbito de la gestión de su patrimonio por parte de las Administraciones Públicas, en general, y de la Autoridad Portuaria, en particular".
Ese informe, que no se ha hecho público, es el que ha provocado "dudas" en la APV de que el destino que se quiere dar a los Docks sea compatible con esa calificación de "utilidad pública o interés social". Por ello, Martínez advirtió a Ribó que va a elevar una consulta a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre este caso concreto.
Ese es el motivo por el que el presidente de la APV, "con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a todos los concernidos", pidió al alcalde que paralizara el concurso, que está a punto de adjudicarse, a lo que Ribó se negó. Según respondió por carta, los servicios jurídicos municipales sostienen que una instalación como el data center "perfectamente puede ser considerada, desde muchos puntos de vista, como de utilidad pública y de interés social".
Tanto el PP como Ciudadanos han pedido también la paralización del concurso, igual que el Síndic de Greuges, aunque por diferentes motivos.
El problema puede surgir en el caso de que se adjudiquen los Docks para montar un data center y, posteriormente, la Abogacía del Estado afirme que ese uso no es de utilidad pública o interés social. En tal caso, según la ley, la propiedad del edificio revertiría a la APV, lo que podría derivar en un conflicto en los tribunales entre ambas administraciones y, en cualquier caso, en inseguridad jurídica para la empresa adjudicataria.
