Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Desde el pasado mes de octubre, los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de València forman parte del equipo de gobierno. Los voxistas gestionan áreas como Empleo y Emprendimiento; Familia, Juventud e Infancia; Mayores; Sanidad; Parques y Jardines, l'Albufera y Fiestas -sin Fallas-. Competencias por las que explicaron que pedirían a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, recuperar el régimen de dedicación exclusiva al que renunciaron días antes y pasar a cobrar el 100% del sueldo, 81.394 euros brutos anuales.
Una dedicación que, no obstante, uno de estos ediles compatibilizará también con el ejercicio de su profesión como abogado. El concejal Pepe Gosálbez, que hasta hace apenas dos meses tenía una dedicación del 75% y un salario acorde a ello, registró una petición para que se estudiara su caso y los servicios jurídicos municipales dieran el visto bueno para que pudiera compatibilizar el trabajo en su despacho con el cargo público.
En el escrito, dirigido al secretario del Ayuntamiento, el concejal manifestó que su actividad en la profesión de abogado no interfería "en su condición y desempeño de sus labores como cargo electo, en el aspecto funcional (tiempo de dedicación a la actividad marginal); horario (horario de la actividad marginal) y económico", explica la resolución a la que ha tenido acceso este diario.
Un argumento que el secretario municipal da por bueno y por el que ha emitido un informe favorable para que pueda compaginar ambas labores: la de abogado y, a su vez, concejal de gobierno al frente de las áreas de Devesa-Albufera, Mayores y Sanidad y Consumo.
Para razonar su decisión, el secretario expone en primer lugar que la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Incompatibilidades impiden a los concejales el ejercicio de una actividad privada siempre "que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia". Y, asimismo, según amplía la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el caso de abogados o procuradores también les impide formar parte en "en procedimientos judiciales o administrativos donde una de las partes se dirija contra la Corporación".
En caso de que se produzca ese escenario, el secretario concluye que Gosálbez debería "optar entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad". Esto es: o renunciar al acta o apartarse del proceso judicial.
Tras esta suerte de advertencias, justifica que se le conceda la compatibilidad al edil al definir el carácter "marginal" que deberá tener su actividad como abogado. "Cuando se reconozca la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación ello exigirá que este se dedique de modo preferente a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación", explica en base al criterio del Tribunal Supremo, que se pronunció por un caso similar en 2010. "Diversas sentencias se refieren a la posibilidad de que la profesión de abogado sí pueda ejercerse en condiciones de marginalidad", concluye tras citar dos fallos: uno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otro del de Canarias.
Con el informe sobre la mesa y la declaración de Gosálbez, que "declara formal y expresamente que se dan las condiciones de marginalidad de la actividad que realiza como profesional por cuenta propia", la solicitud del concejal ha sido aprobada pero, ahora, la decisión final recae en el pleno municipal. Si bien no se espera que vaya a ser rechazada, dado que s da por hecho que PP y Vox acaben aceptándola al contar con el informe favorable del secretario.
Ahora bien, la cuestión ahora se centrará en si el concejal hará públicas sus rentas para probar que, efectivamente, la labor que desempeña como abogado es "marginal" o no. Algo que, a la postre, también demostrará la posibilidad de hacer compatibles los dos empleos: el público y privado, así como el tiempo dedicado a cada uno de ellos, o si por el contrario la actividad en la abogacía pudiera menoscabar la dedicación como concejal de gobierno.
