Parque de Cabecera de València, con terrenos expropiables al fondo. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya ha realizado un primer balance del coste que tendrá para las arcas municipales la última sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional toda la normativa del Consell en la que se recogían las sucesivas prórrogas para que los municipios de la Comunitat hicieran efectivas las expropiaciones rogadas pendientes. Una valoración que no es una buena noticia para los actuales gestores.
En total, el consistorio tendrá que abonar 34,8 millones de euros por las expropiaciones rogadas que no se acometieron desde 2015 hasta la actualidad. Una cifra que se corresponde con las solicitudes en firme que el Ayuntamiento de València ya tenía registradas. La cuantía, así, equivale al 3% del presupuesto municipal para el próximo ejercicio que aprobaron PP y Vox, y que alcanza los 1.116,9 millones de euros.
Esto, por tanto, son obligaciones reconocidas por el consistorio que este tendrá que materializar sí o sí. Pero también en el Cap i Casal buscan soluciones alternativas para minimizar el impacto de esta sentencia. Entre ellos, ahondarán en la revisión de los planes especiales -Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- por áreas funcionales: Campanar, Benimaclet, Malilla... En definitiva, los principales barrios de la ciudad.
La intención es, a partir de esos análisis, conseguir aprovechamientos urbanísticos para, a su vez, poder ofrecer alternativas a los propietarios que reclamaron en su momento y poder "reconducir" de alguna manera el escenario actual. Simplificando, se trataría de poder ofrecer a través de convenios urbanísticos a estos propietarios otros espacios que sean urbanizables para que puedan edificar en ellos cuando lo consideren a cambio de renunciar al cobro de esta indemnización que no percibieron en su momento.
Cabe recordar que el lío actual -o que tendrá las primeras consecuencias en este ejercicio-, en realidad, se remonta a 2016. La historia es la siguiente: imagine que es propietario de una parcela. Su ayuntamiento modifica el planeamiento y sobre los planos ubica, en su suelo, una dotación pública: una escuela, un hospital, una biblioteca, un jardín, una calle, etcétera. Para hacerla realidad, la administración deberá expropiarle y pagarle una indemnización. Pero de repente surgen imprevistos, como pudiera ser la llegada de una crisis económica u otras razones que frenan los desarrollos urbanísticos, y el consistorio finalmente acaba no ejecutando la expropiación.
Si pasan cinco años desde la aprobación del plan –este es el requisito de tiempo que marca la normativa–, el propietario de esos terrenos puede exigir que se materialice la expropiación e iniciar para ello un expediente de justiprecio con el objetivo de determinar la cuantía de la indemnización. La administración tiene que comprar dichos terrenos, en muchas ocasiones a un precio superior al de mercado, y aunque no disponga de consignación presupuestaria y esté sujeta a la regla de gasto. En definitiva, las expropiaciones rogadas son las compras de suelo que están obligados a materializar los consistorios por exigencia de los propietarios afectados por proyectos urbanísticos sin ejecutar.
Ante tal situación y el elevado coste que podía tener para las arcas de los ayuntamientos esta regulación, el Consell decidió suspender los plazos de las expropiaciones rogadas de forma sucesiva. Lo hizo en cuatro leyes de Medidas Fiscales (las conocidas como leyes de Acompañamiento, sin las cuales no pueden salir adelante los Presupuestos de la Generalitat cada año): las de 2016, 2018, 2019 y 2020, todas las cuales modificaban la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de 2014.
Las prórrogas "salvaron" en su momento a los consistorios que se encontraban en esta tesitura, pero el Constitucional declaró inconstitucional esas moratorias, según la sentencia adelantada por Valencia Plaza. Y el Consell, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que dirige Salomé Pradas, analiza desde entonces posibles soluciones comunes a todos los consistorios, si bien el Ayuntamiento de València ya se ha puesto manos a la obra.
Cabe apuntar que en la primera valoración de las solicitudes existentes existen casi una decena -9- de suelos que no se encuentran tasados por diferentes motivos, a pesar de que sí está cuantificada la superficie que ocupan. Por lo que la cifra de los casi 35 millones de euros que se tendrán que desembolsar en 2024 podrían verse incrementados en el momento en que se acometa la expropiación, dado que el valor real del suelo se fija cuando se inician los procesos expropiatorios.
La cifra, también es cierto, podría verse incrementada en años futuros, dado que propietarios que eran conocedores de las moratorias aprobadas por el gobierno autonómico podrían no haber reclamado al Ayuntamiento de València en su día y, con la sentencia actual en la mano, decidir hacerlo ahora. Sin embargo, también es cierto que estas no afectarían a las cuentas del presente ejercicio, ya que en dichos casos el procedimiento arrancaría de cero y el Ayuntamiento dispondría de un total de cinco años para verificar y reconocer la obligación del pago de una indemnización en cada caso.
