VALÈNCIA. En un contexto marcado por la necesidad de adaptar la planificación urbanística a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024, el pleno del Ayuntamiento de Picanya abordó el pasado mes de marzo una propuesta para aplicar una moratoria en suelos con riesgo de inundación. Sin embargo, el PSPV, el Partido Popular (PP) y Vox rechazaron la moción presentada por Compromís, que planteaba suspender de forma temporal la tramitación de determinados desarrollos urbanísticos, como la ampliación del polígono de La Taronja.

La iniciativa busca introducir una pausa en la tramitación urbanística hasta que se revise el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), incorporando las nuevas cartografías derivadas de la Dana y los efectos del cambio climático. El objetivo, por tanto, es que las decisiones sobre nuevos desarrollos se tomen con información actualizada sobre el riesgo real de inundación. Para ello, el texto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, concreta en qué casos debe aplicarse esa suspensión. 

Por un lado, afecta a los instrumentos de planeamiento que inciden sobre suelos identificados como inundables en las cartografías oficiales, tanto del propio Patricova como del Estado o de la Generalitat, incluida la elaborada tras la Dana. Por otro, amplía ese criterio a suelos que figuran como no inundables en esos mapas pero que, en la práctica, sí quedaron anegados durante la riada. En estos casos, la moción no plantea una paralización automática, sino condicionar la continuidad de los procedimientos a la incorporación de estudios de escorrentías redactados por los promotores y validados por la administración autonómica.

Una moción idéntica a la enmienda del PSPV en Les Corts

Este planteamiento no es nuevo en el debate institucional. De hecho, reproduce el contenido de la enmienda que el PSPV, partido que gobierna en Picanya con mayoría absoluta, defendió en Les Corts durante la tramitación de la Ley 2/2025 de medidas urbanísticas para la reconstrucción tras la Dana. En aquel debate, los socialistas plantearon precisamente suspender los procedimientos urbanísticos en zonas inundables hasta que se revise el Patricova y exigir estudios adicionales en determinados supuestos. La enmienda no prosperó al no contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. En cambio, Compromís trasladó la misma propuesta al pleno de Picanya. 

El portavoz de Compromís en el ayuntamiento, Guillem Gil, defiende que la moción responde a un criterio de prudencia ante la falta de actualización de la cartografía del riesgo. Según explica, la propuesta busca "paralizar los procedimientos urbanísticos que estaban en marcha antes de la Dana" de forma temporal, "hasta que se actualicen los datos". En ese sentido, Gil insiste en que no se trata de frenar el desarrollo urbanístico, sino de evitar que se base en información desfasada. 

Además, la iniciativa se alinea con las peticiones que los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) trasladaron al Gobierno de España a principios de marzo, ya que reclamaron una moratoria "inmediata" en municipios afectados por la Dana. Estos colectivos alertaron de que muchos de los suelos donde se proyectan nuevos desarrollos actuaron como zonas naturales de drenaje durante el episodio, lo que, a su juicio, debería tenerse en cuenta antes de urbanizar esos terrenos. 

Es, en este punto, donde entra en juego la ampliación del polígono industrial de La Taronja. El Ayuntamiento de Picanya aprobó en mayo del año pasado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incorporar más de 102.000 metros cuadrados de suelo —en gran parte agrícola— para usos logísticos y manufactureros. Cabe recordar que parte de ese ámbito se vio afectado por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Además, algunos de esos terrenos han sido incluidos en la cartografía de zonas inundadas elaborada por la Generalitat tras la Dana.

"Equilibrio" entre la ocupación del suelo y la seguridad

En este contexto, la aplicación de la moratoria planteada en la moción de Compromís habría supuesto revisar este tipo de desarrollos con nuevos datos antes de continuar con su tramitación. Lo cierto es que, desde que salió a información pública, el proyecto de La Taronja ha generado cierta oposición social. El colectivo Per L'Horta ha presentado más de 200 alegaciones contra la modificación urbanística e incluso convocó una concentración en el municipio el pasado mes de febrero.

La entidad también reclama un cambio en las políticas urbanísticas de l'Horta Sud y advierte de que en otros municipios de la comarca también se impulsan desarrollos en suelos con riesgo de inundación. Por su parte, el teniente de alcalde, Guillem Tortosa, sostiene que la moción "obvia el contexto y el modelo de Picanya", un municipio donde, según subraya, más del 70% del término sigue siendo huerta y donde no se ha ampliado el suelo industrial en más de 25 años. En este sentido, Tortosa defiende que el crecimiento urbano e industrial responde a "una decisión política sostenida, controlada y planificada" que ha permitido mantener un equilibrio territorial, con amplias zonas verdes y una parte importante del suelo protegida.

En relación con la base técnica de la propuesta, Tortosa cuestiona el uso de la cartografía elaborada tras la Dana. Según explica, este instrumento "no tiene carácter vinculante y está todavía en revisión", además de contener errores reconocidos. Como ejemplo, señala que en el caso de Picanya se indica que el agua alcanzó 40 centímetros en el cementerio municipal, cuando, afirma, no llegó a entrar agua en ese espacio.

A partir de ahí, considera que aplicar una moratoria urbanística basada en herramientas no vinculantes "resultaría, desde el punto de vista legal, totalmente fuera de lugar". Asimismo, defiende que la modificación del PGOU vinculada a La Taronja se ajusta a la normativa vigente y se fundamenta en la cartografía oficial actualmente en vigor.