VALÈNCIA. La no actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno de España no solo tensiona la caja de las comunidades autónomas, sino también la de los ayuntamientos. En el caso concreto del Ayuntamiento de València ha supuesto que en este mes de abril la transferencia del Estado haya sido de 10,8 millones de euros menos de lo que le correspondería por la participación en los tributos del Estado.
Para comprender el origen de este desfase de 10,8 millones mensuales en los ingresos municipales del Cap i Casal es necesario detenerse en el funcionamiento de las entregas a cuenta. Se trata de los anticipos mensuales que el Ministerio de Hacienda está obligado a transferir a comunidades autónomas y ayuntamientos en función de una estimación de la recaudación de impuestos como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales.
Las entregas a cuenta se actualizan cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de acuerdo con la recaudación prevista por el Gobierno, recaudación que por ley debe repartirse entre todas las administraciones.
Sin embargo, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023, la debilidad parlamentaria y la falta de voluntad del Gobierno mantienen un desfase entre la cantidad que le correspondería a ayuntamientos y comunidades autónomas de su parte de la recaudación de 2026 y la cantidad que efectivamente están recibiendo.
La necesidad de solucionar este desajuste es más acuciante en el caso de regiones peor financiadas como la Comunitat Valenciana o Murcia, que ya han reclamado en varias ocasiones al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, la actualización de las entregas a cuenta. Sin embargo, también se han sumado a esta reclamación otros ayuntamientos, como el caso de Zaragoza, que denunciaba hace unos días que su merma de ingresos, mientras no se actualicen estas transferencias, es de 8,2 millones mensuales.
De hecho, la propia FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) volvía a solicitar este mismo martes una reunión al nuevo ministro de Hacienda para abordar esta cuestión.
Una tarea heredada que sigue sobre la mesa del ministro
Una de las principales tareas que el ministro Arcadi España heredó de su antecesora al frente de Hacienda, María Jesús Montero, es, precisamente, la actualización de las entregas a cuenta. Sin embargo, cuando se cumple justo un mes desde su llegada al cargo, esta cuestión sigue en la pila de 'pendientes'.
De hecho, el Consejo de Ministros aprobaba este martes un nuevo real decreto-ley impulsado por su ministerio que incluye medidas como el crédito extraordinario de 1.300 millones de euros al Consell para atender gastos derivados de la Dana o la exención en el IRPF de las ayudas concedidas por ONG a los afectados, pero en el que, sin embargo, no se ha incorporado la actualización de las entregas a cuenta, pese a tratarse de una de las principales reclamaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos a España.
- Maria Jesús Montero y Arcadi España en el traspaso de la cartera de Hacienda.
- Foto: A. PÉREZ/EP
Cabe recordar que, al no haber nuevos presupuestos, el sistema se rige por la prórroga presupuestaria, es decir, por los PGE de 2023, que son las últimas cuentas que consiguió aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.
Al no haber actualización, el dinero mensual que se transfiere, mientras no se cambie mediante un real decreto-ley, es el mismo que en 2023. Sin embargo, en un escenario de inflación y crecimiento económico, lo que se recaudaba hace tres años es muy inferior a lo que se recauda hoy.
El problema de este ‘desfase’ no es nuevo y se viene arrastrando desde 2024. En ese ejercicio, el Ministerio acabó aprobando la actualización en julio y abonando los retrasos en septiembre. El año pasado la entonces ministra, María Jesús Montero, aprobó la actualización en un decreto-ley en junio y los atrasos se abonaron en julio.
Ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, para este 2026 el Gobierno incluyó con algo más de antelación —en diciembre— la actualización de las entregas a cuenta en otro decreto ómnibus. Lo hizo, eso sí, con las cantidades correspondientes a 2025 y no a las de 2026. Sin embargo, este decreto no fue convalidado por el Congreso de los Diputados y terminó decayendo el 28 de enero. Lo mismo ocurrió con el segundo decreto ómnibus, en el que se incluyeron de nuevo las actualizaciones, y también se rechazó en el Parlamento a finales de febrero.
Aumento del desfase a partir de abril
Al decaer los decretos que permitían el pago actualizado, Hacienda ha vuelto a la casilla de salida. Sin una nueva norma con rango de ley que lo avale, el Ministerio está obligado a transferir las cantidades prorrogadas del último presupuesto real, que data de 2023.
En el caso del Ayuntamiento de València, esto supondrá que mientras no se actualicen las citadas transferencias, el consistorio valenciano recibirá 10,8 millones menos al mes. Una cifra que en el caso de la Generalitat Valenciana asciende a 163,5 millones de merma de ingresos al mes.
Una vez se actualicen las entregas a cuenta, el Gobierno deberá transferir lo acordado para 2026 y fijar una fecha para pagar los atrasos. Mientras, retiene en su caja miles de millones de euros que debería estar en las de las CCAA y ayuntamientos.
