VALÈNCIA (EFE). El Ayuntamiento de València contratará de urgencia personal auxiliar administrativo y trabajadores sociales "específicamente" para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, un refuerzo que calcula que superará un millón de euros anual y que reclamará al Gobierno de España.

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha añadido ante los medios: "Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe, porque si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías, también lo debe haber para los ayuntamientos y eso se debe de cumplir".

Catalá ha asegurado que "el ciudadano no debe verse perjudicado por la falta de planificación y el colapso" que según ha dicho está provocando el proceso de regularización, y ha informado de que esperan que la incorporación del nuevo personal, que se realizará mediante las bolsas de trabajo constituidas, pueda comenzar este viernes tras la Junta de Gobierno Local, con la contratación de diez trabajadores sociales y veintinueve auxiliares administrativos.

"Esto es un proceso complejo y no calculamos que se resuelva en una cuestión de meses. Damos por hecho que estas personas que se incorporan van a estar mínimo un año en esta Administración", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que los trabajadores sociales están expuestos en estos momentos a "una situación de mucha incertidumbre y de mucha intranquilidad".

El Ayuntamiento de València enviará una carta exigiendo una solicitud de tres aclaraciones: "Si es necesaria o no la acreditación de vulnerabilidad, si los ayuntamientos debemos hacer esa acreditación y, en ese caso, cuál es el marco de criterios para valorar y determinar esa vulnerabilidad, y si el Gobierno va a aportar recursos y financiación", ha explicado Catalá.

Asimismo, la alcaldesa ha remarcado que el proceso de regularización se ha hecho "a espaldas" de los ayuntamientos, algo que califica de "inadmisible", ya que son ellos los que recogen la "evidente falta de planificación y de información".

"Somos nosotros los que vamos a recibir las colas, las personas con muchas dudas, con dificultades de poder expresarse, con documentación que no corresponde... Cada una de ellas requiere un tiempo porque vienen con mucha incertidumbre", ha añadido.

Dudas con el certificado de vulnerabilidad

Catalá ha explicado que el Gobierno ha volcado a los ayuntamientos "unas funciones que son dudosas" de ser de competencia municipal, algo que está generando "mucha confusión", en referencia al certificado de acreditación de vulnerabilidad.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado las palabras de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en las que dijo que "cualquier persona irregular es vulnerable": "Entonces, la pregunta es: ¿por qué se exige un certificado de acreditación de vulnerabilidad entonces?", ha planteado Catalá.

Asimismo, ha señalado que la emisión de dicho certificado por parte de los servicios sociales públicos requiere "un conocimiento contrastado de la situación de irregularidad que queda fuera del ámbito competencial de las funciones profesionales de intervención social", algo que es "todavía más complejo" en el caso de que la persona extranjera no haya sido previamente usuaria de los servicios públicos, según Catalá.

"El Real Decreto establece un modelo específico para acreditar la vulnerabilidad, pero la secretaria de Estado de Migraciones nos envió una carta diciendo que ese modelo no es obligatorio. ¿En qué quedamos?", ha añadido, y ha criticado también que no se hablara de este proceso en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que participó.

Solicitantes venidos desde otros municipios

La alcaldesa de València ha defendido la decisión de no establecer un lugar alejado fuera de la casa consistorial para hacer el procedimiento de regularización -ha señalado que podría haber sido Feria Valencia-, porque "esta no es la vocación del Ayuntamiento".

"Entiendo que para el profesional es más complicado no estar en el edificio consistorial, donde en un momento determinado cualquier duda se resuelve con los secretarios municipales y los técnicos de la casa, y las personas merecen acudir a la oficina de Registro y de Padrón", ha dicho.

Preguntada también por sus declaraciones de este lunes, en las que apuntaba que llegaba gente desde otros municipios "curiosamente socialistas", Catalá ha asegurado que no va a señalar "a nadie" por "lealtad institucional", pero ha confirmado que "eso está pasando" y ha pedido: "Si colaboramos, colaboramos todos".