Burgos defiende su gestión en la Fundación Jaume II el Just y niega el cobro de comisiones ilgales

VALÈNCIA. (EFE). El exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos ha defendido este miércoles la gestión que realizó al frente de esta entidad entre los años 2003 y 2007 y ha negado el cobro de comisiones ilegales para el Partido Popular.

"Nada más lejos de la realidad y de la fantasía de Marcos Benavent", ha asegurado al ser preguntado por el cobro de comisiones durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la contratación de la Generalitat con la trama investigada en la operación policial Taula.

Ha considerado "absurdo" que la Fundación "tuviera entre sus objetivos este tipo de recaudación, y ha señalado que otra cosa es "lo que hiciera un pillaste", en referencia al exgerente de Imelsa Marcos Benavent.

"Si hubo un señor que se dedicó a recaudar para sí mismo, que responda ante la justicia", ha manifestado Burgos, quien ha pedido que no se implique al resto de personas ni se diga que todos eran "corruptos", algo, a su juicio, "intolerable".

Preguntado por el trabajo realizado por Benavent en la Fundación, ha dicho que éste ni tenía funciones concretas ni acudía por allí, pero no lo despidió porque "no tenía capacidades a ese nivel" pese a que se quiera vender que era "dueño y señor" de la Fundación.

Burgos, quien se encuentra investigado por la pieza del caso Imelsa referida al supuesto amaño de contratos en la Concejalía de Cultura de València, ha dicho tener "la conciencia tranquila" pues todas las decisiones de la Fundación "se hicieron con lealtad" y sin pretender ninguna otra finalidad.

Ha asegurado que durante su gestión, la Fundación, creada para impulsar el valor del monasterio de Simat de la Valldigna, hizo un importante esfuerzo en la recuperación del patrimonio, y ha defendido que ésta entidad no estaba sujeta a la ley de contratos del Estado porque no era una entidad de derecho público.

Ha afirmado que durante su etapa no hubo ninguna advertencia por ningún órgano fiscalizador en la manera de gestionar los fondos ni tampoco sobre como se actuaba, y ha negado que existiera deuda, pues lo que había, según ha dicho, era un déficit estructural derivado de su obligación para actuar sobre bienes que no eran de su propiedad.

 
Sobre las contrataciones, ha defendido que el procedimiento negociador es "tan legal como cualquier otro" y ha señalado que lo que se hacía era invitar a un grupo de empresa y luego se elegía una, una responsabilidad que ha atribuido al Patronato de la Fundación.

Este asunto ha derivado en un enfrentamiento verbal entre Burgos y la diputada socialista Carmen Martínez, quien ha pedido insistentemente saber cómo se hacían las contrataciones y quién proponía las empresas a las que invitar, para saber quién es el responsable de "la nefasta gestión" de la fundación.

Burgos ha lamentado que se le estén "veladamente imputando" delitos por parte de la parlamentaria socialista, quien también ha acusado al PP de haberse dedicado a robar en la Comunitat Valenciana, y le ha pedido que sea respetuosa con el procedimiento instrucción judicial de esa causa.

Sobre la elevada indemnización que recibió al ser cesado ha afirmado que ésta aun podría haber sido más elevada, ya que en esa misma época hubo despidos similares y las indemnizaciones se resolvieron en sede judicial con cifras que eran el doble de lo que a él se le indemnizó.

El diputado del PP Vicente Casanova ha criticado las acusaciones que algunos parlamentarios han lanzado sobre el compareciente, al que en determinados momentos no han dejado ni responder, y ha sugerido que se disuelva la comisión ya que algunos tienen las conclusiones claras de antemano.

Por otra parte, la presidenta de la comisión, Isaura Navarro, ha informado del escrito del exconseller de Cultura y actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en el que informa de su imposibilidad para asistir este miércoles a la comisión, y propone que se le pueda citar el viernes 1 de marzo.

Los diputados han acordado tener en cuenta esta fecha, aunque esperarán a ver si hay más comparecientes que necesitan un aplazamiento para encontrar una fecha que le venga bien a la mayoría.