VALENCIA, (EFE). El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP y Ciudadanos (C's), una declaración institucional presentada por el gobierno popular en la que se insta al Consell a no instaurar una posible tasa turística como "figura tributaria para cambiar el modelo de turismo de la provincia".
Los grupos del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida han votado en contra de esta declaración institucional, que se ha tratado como asunto de urgencia en la sesión plenaria.
El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), ha explicado que, aunque aún no se haya aprobado nada por parte del Consell en relación con la citada tasa, el objetivo de esta declaración institucional es "adelantarse" a su implantación, ya que "existe una duda" de que sí pueda ser promovida por el Gobierno autonómico.
De hecho, el vicepresidente de la corporación provincial, el popular Eduardo Dolón, ha asegurado que es algo que está "en la hoja de ruta" de la Generalitat y que su aplicación supondría que los empresarios del sector asumieran los costes.
Por su parte, el portavoz socialista, José Chulvi, ha tildado la iniciativa como "declaración electoralista" y ha considerado que "no tiene sentido porque no hay propuesta" por parte del Consell para que se imponga dicha tasa.
"Me sorprende la especial sensibilidad del PP, que no tuvo escrúpulos en subir el IVA. ¿Quién ha hecho más daño al sector turístico? El PP", ha sentenciado Chulvi.
A este respecto se ha pronunciado también el diputado de Compromís José Manuel Penalva, quien ha coincidido con Chulvi en que el propio secretario autonómico de Turismo ha negado que se vaya a implantar ese impuesto, aunque ha matizado que, de hacerse, sería uno de carácter "finalista destinado a mejorar los servicios y a reducir el impacto del turismo".
En la declaración institucional aprobada por el pleno de la Diputación de Alicante se asegura que "la sola idea de imponer una nueva tasa turística en la Comunitat como primera gran medida para el sector supone toda una declaración de intenciones centrada en presionar al empresariado reglado, en lugar de perseguir, por ejemplo, la actividad que opera al margen de la ley o del fisco".
"Restar competitividad drásticamente al sector" conlleva "incrementar la desconfianza empresarial" y "generar dudas respecto a la oportunidad de inversión por condiciones desfavorables para la misma", advierte.
Señala que "los empresarios del sector han trasladado su preocupación en lo que consideran una merma en su competitividad, ya que si se calca la 'eco' tasa de autonomías como Cataluña o Baleares, supondría una encarecimiento del consumo para el cliente, repercutido directamente en cada pernocta del turista".
Expone que "la tasa puede tener un gran impacto negativo en nuestros mercados emisores, condicionada en gran parte por la estrategia de los tour-operadores y las líneas low-cost, sensibles al precio".
"En cuanto al gasto del turista nacional, supondría una nueva barrera a consolidar el buen comportamiento que estaba mostrando en los últimos meses", añade.
También aduce que, "de acuerdo con las distintas patronales de alojamiento hotelero, extra-hotelero y hostelero, la alternativa a la tasa es la lucha contra el alojamiento ilegal o la legalización del no reglado, donde, además, se puede incrementar los ingresos por parte de la administración turística o la hacienda autonómica".
"Con la medida de la tasa se está perjudicando a los que ya cumplen, en vez de a los que no, que continuarían extrayendo una ventaja competitiva absolutamente ilegítima", indica.
Por ello, según declaración institucional, "la idea de la tasa puede sustituirse, de acuerdo con el sector alicantino, por proponer la lucha contra el fraude fiscal y la actividad turística sumergida incrementando el cuerpo de inspectores y obligando el registro de los alquileres vacacionales".
