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VALENCIA (VP/EP). El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, devolvió este martes a la realidad al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y de forma secundaria, a la propia alcaldesa de la capital del Túria, Rita Barberá, al otorgar un protagonismo relevante a la mano derecha de la primera edil en el caso Nóos. No solo por la imputación que el magistrado decretó para el número dos del consistorio, sino por derribar ciertos argumentos que se habían utilizado desde el Ayuntamiento de Valencia para evitar la implicación en el caso Nóos, como por ejemplo, el carácter privado de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB).

En su auto, el juez pone el acento en este punto, considerando que los fondos del ente, que junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) y Nóos plasmó su firma en el convenio de 2004 y en las dos adendas posteriores, eran de naturaleza "abrumadoramente pública". Lo que, añadió, "hace necesario" que Grau, miembro del Consejo Rector de la Fundación en representación del Ayuntamiento, "sea oído en calidad de imputado". Esta declaración tendrá lugar el próximo sábado a las 16 horas en el juzgado de Palma.

Así lo acordó Castro mediante el citado auto dictado este martes, en el que atiende a la solicitud de los ediles socialistas al alegar que "existen indicios fundados de criminalidad" en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos, con Iñaki Urdangarin al frente, percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

En su resolución, Castro incide en que "existen indicios racionales de que en las diferentes contrataciones se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos". Unas pautas que, subraya el magistrado, eran "de obligada observación" al recalcar la citada anteriormente naturaleza "pública" de los fondos que manejaba la FTVCB.

En concreto, la petición cursada por la acusación se produjo después de que la concejal de Cultura en el consistorio de Valencia, Mayrén Beneyto, asegurase en su declaración como testigo ante el juez José Castro, llevada a cabo el pasado 12 de abril, que el vicealcalde valenciano, también concejal de Grandes Proyectos, era el que llevaba los asuntos de turismo y el que tomaba las decisiones.

Asimismo, otra de las testigos, la exconsellera de Turismo y diputada del PP en el Congreso, Belén Juste, que era miembro del Patronato de la Fundación en 2004 como directora de Feria Valencia atribuyó al gerente -José Salinas-, las decisiones adoptadas en el Patronato, compartidas con el resto de miembros aunque "lo decidían los altos cargos". "Lo decidía el presidente -Alfonso Grau- y lo decidía por supuesto el gerente (...), indicó.

Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.

Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.

ÚLTIMAS DILIGENCIAS DEL CASO NÓOS

Se da la circunstancia de que la petición de los concejales del PSPV de que Grau sea imputado es una de las últimas diligencias que se prevén practicar de cara al cierre de la instrucción de la causa, cuyas investigaciones se iniciaron a principios de 2010 en el marco del conocido como caso Palma Arena.

Tras la solicitud, Castro dio tres días a la Fiscalía, las Abogacías del Estado, Baleares y la Generalitat Valenciana, PP balear, Manos Limpias y Frente Cívico Somos Mayoría para que se pronunciasen sobre la petición de los ediles.

Mientras tanto, el magistrado otorgó diez días -plazo aún no ha finalizado- a la Agencia Tributaria (AEAT) para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda en 2007 y 2008, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de los delitos fiscales que se le imputan. El encausado rebatía las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que le acusan de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF.

De este modo, será cumplido este plazo, siempre que no aparezca ningún elemento nuevo que altere el curso de las pesquisas, cuando el juez dicte el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la Infanta Cristina, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Con esta resolución, contra la que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-, Castro dará paso a las acusaciones del caso para que presenten su escrito de calificación provisional en el que concretarán a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.