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VALENCIA. Una conversación entre David Marjaliza (presunto conseguidor de la llamada ‘Trama Púnica') y el empresario Alejandro de Pedro, que figura en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta a un posible financiación ilegal del PP valenciano en tiempos de Alberto Fabra.
En dichas conversación, De Pedro (que organizó las campañas electorales de los populares en 2011 en la Comunitat Valenciana) asegura a Marjaliza que tiene previsto reunirse en una semana con "el presidente", que los investigadores presumen sería Alberto Fabra. En dicho encuentro, el empresario asegura que le iba a "reclamar para la campaña" de 2015 y él, a cambio, le iba a solicitar la adjudicación de algún concurso público.
En el sumario también aparece el nombre de la entonces consejera de Obras Públicas Isabel Boning (y una de la más firmes candidatas de suceder a Fabra al frente del PP valenciano). En otra de las conversaciones grabadas por la UCO, De Pedro asegura a Marjaliza que "tiene un contrato de seis millones de euros de la Generalitat para el mantenimiento del metro de Valencia". El conseguidor incluso añade que él no se ocupa de este tipo de actividades pero que ya buscará a "algún amiguete" para que lo haga.
El juez Eloy Velasco, que instruye el caso, comparte con la UCO la opinión de que podría haber financiación ilegal del PP valenciano. Según uno de sus autos, las adjudicaciones "no se producían en función de la oferta más adecuada a los intereses sociales", sino por "financiación irregular del partido político".
LA TRAMA
La vinculación de De Pedro, con el PP valenciano le permitió "la prestación de servicios a diferentes consistorios y organismos, hecho que se evidencia en los frecuentes contactos mantenidos de manera cercana con responsables políticos de la Comunidad Autónoma de Valencia", según el informe de la UCO. La Guardia Civil recuerda que las dos principales empresas de De Pedro, EICO y Madiva, están situadas en la calle Marqués de Sotelo, "muy próxima al Ayuntamiento de Valencia".
Por otra parte, el informe apunta a que De Pedro realizó "trabajos de reputación" en redes sociales para la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) que logró gracias a la mediación del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).
El empresario David Marjaliza, actualmente en prisión, recibió entre los años 2004 y 2006 cerca de diez millones de euros en billetes de 500 euros. Es la cantidad que ha podido acreditar la Fiscalía, pero la cantidad real podría ser incluso superior.
Marjaliza cobró estas cantidades entre 2004 y 2006, lo que confirma que la trama liderada por este constructor y el exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, arrancó hace más de un decenio, con el boom inmobiliario.
EL PP NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL
El único que ha salido al paso de las informaciones ha sido el presidente del PP de la provincia de Alicante, José Ciscar. El vicepresidente del Consell cuando se produjeron los hechos, aseguró que no se cree las reuniones de las que hablan dos presuntos miembros de la trama púnica y que apuntarían a adjudicaciones públicas a cambio de donaciones y, por tanto, de financiación ilegal del PPCV. Así, ha pedido a los agentes de la Guardia Civil que han investigado el caso que "lo demuestren".
Ciscar, preguntado por las conversaciones en las que otro de los miembros de la ‘trama Púnica', Alejandro De Gea, y el constructor David Marjaliza hablan sobre entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios alicantinos de Calp y Elche.
Antes de participar en la segunda jornada del Convención Provincial que se desarrolla hasta el próximo lunes en la sede del PP de Alicante, Ciscar manifestó que "el PP y sus cuentas están auditadas, las sometió a fiscalización y todo el mundo las conoce porque se publican, y no ha habido ningún tipo de financiación ilegal".
Así, ha recalcado que las grabaciones hablan "de conversaciones privadas entre terceros, o sobre terceros que no están presentes", por lo que ha afirmado: "sinceramente, no me las creo".
"Con todos mis respetos, la Guardia Civil puede insistir, y digo que no me creo esas reuniones que aparecen en las conversaciones telefónicas y esos tratos de favor no me los creo. Que lo demuestren", zanjó.
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