La polémica en la selección de la jefatura de personal de Divalterra llega a juicio

VALÈNCIA. La polémica que se desató en 2021 por todo el proceso relacionado con la jefatura de personal de Divalterra ha acabado en juicio, que se celebró la pasada semana y ya ha quedado visto para sentencia. Aunque inicialmente la vía de los tribunales parecía haber quedado en nada, finalmente uno de los aspirantes a ese puesto de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia interpuso una demanda laboral al considerar que tuvo que haberlo obtenido. 

Para entender lo ocurrido en este asunto, destapado por Valencia Plaza, hay que remontarse a hace más de dos años. La última crisis en Divalterra vino a cuenta del procedimiento para cubrir la jefatura de Recursos Humanos, un puesto clave para la contratación de brigadistas en la provincia de Valencia. El proceso arrancó en julio de 2020 y finalizó en enero de 2021. Después de que el tribunal eligiera a la ganadora, Eugenia Fernández, el entonces presidente de la empresa, el diputado del PSPV Ramiro Rivera, ordenó que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. 

El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el 18 de enero 2021. Lo siguiente pasó a ser una guerra total y una 'caza de brujas' a los cargos por supuestas filtraciones y los diferentes posicionamientos sobre lo ocurrido.

La situación generó grandes momentos de tensión dentro de Divalterra, con denuncias incluidas y enfrentamientos, hasta que el Consejo de Administración, varios meses después, se ratificó en la decisión del nombramiento de la jefa de RRHH pese a las maniobras de los cargos del PSPV, incluyendo el del entonces responsable de los servicios jurídicos de la empresa pública, José Luis Vera. Aquella reunión, eso sí, se llevó al gerente por delante, que fue cesado entre afirmaciones de que había recibido presiones. 

La oposición ejercida especialmente por el PP y Ciudadanos trató de que se votara en una Junta General la destitución de Ramiro Rivera y de José Luis Vera. Algo que nunca llegó a ocurrir porque el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, anunció sorpresivamente que Divalterra se disolvía. Nunca admitió que fuera a causa de este asunto, aunque coincidió en el tiempo y supuso un golpe de efecto. 

La parte empresarial se zanjó de esta manera, pero lo sucedido acabó en otras vías. Una fue la Agencia Antifraude, que abrió una investigación y el año pasado concluyó en un informe que hubo injerencias por parte de Vera y Rivera debido a que ambos intentaron influir en el nombramiento de RRHH.    

El aspirante perdedor inició también la vía judicial. Una de las controversias que surgió fue que tanto la Diputación como Antifraude interpretaban que éste no podía recurrir en la administrativa puesto que Divalterra es una empresa pública pero se rige por derecho privado. Así que únicamente podía acudir a la jurisdicción laboral, ya que sólo un juez podría anular el resultado del proceso.

Fambuena impugnó primero ante el juzgado, se celebró un acto de conciliación con la corporación y no hubo avenencia. Posteriormente, interpuso una demanda laboral, que es por la que se celebró el juicio la semana pasada. Comparecieron como demandados la Diputación de Valencia, el Consorcio de Bomberos –donde se integraron los trabajadores de Divalterra una vez fue liquidada– y la aspirante que ganó el proceso y se incorporó como jefa de RRHH de la empresa pública. Como codemandada compareció la Agencia Antifraude a petición propia para defender sus tesis. Como testigo acudió el presidente del tribunal que llevó el proceso de selección. 

Según ha podido saber este periódico, durante la vista el letrado de Antifraude expuso, además de los argumentos laborales –al igual que el resto de abogados– que la jefatura de RRHH de Divalterra era un puesto clave para controlar la gestión de personal de una empresa pública con ámbito de actuación en toda la provincia de Valencia. Los demás letrados se adhirieron a estos argumentos. 

Por su parte, el aspirante que quedó fuera expresó los motivos por los que tuvo que ser el elegido para el cargo y que hubo puntuaciones mal otorgadas. El juicio quedó visto para sentencia y el tribunal deberá decidir si avala el proceso o si atiende las peticiones del demandante. Se trata de la última vía abierta relacionada con este asunto varios años después.