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Laura Oliver / Presidenta del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV)

«Me parece imprudente que València se incorpore ya al ‘papel cero’»

17/03/2017 - 

VALÈNCIA.-Las mujeres al frente de colegios profesionales siguen siendo minoría. «Seguro que en unos años quedará igualado, como ya está pasando en la Administración Pública», aventura Laura Oliver, primera decana electa del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV). Este verano renovó su mandato para otros cuatro años. «Es que todavía nos quedan muchas cosas por hacer», precisa, y enseguida pasa a hablar del nuevo decreto valenciano de Asistencia Jurídica Gratuita, la lenta puesta en marcha del ‘papel 0’ o los estatutos que pretende promulgar en el Colegio. Tiene ímpetu, de ahí que no pueda evitar mostrar su cabreo al tocar temas delicados. Como la reciente decisión de la Dirección General de Tributos (DGT) de aplicar el IVA en los servicios del turno de oficio para abogados y procuradores. 

—¿El impuesto tendrá que asumirlo el profesional o la Administración?

—¡En ningún caso el profesional! Partimos de que es un supuesto imposible con las cantidades que se están cobrando. Tampoco parece viable para la Administración. Las autonomías con las competencias transferidas ya han elaborado unos presupuestos anuales y asignado una determinada partida. Imagínate lo que supondría subirla un 21%, no estamos hablando de un 3% o un 4%... Creo que la decisión de la DGT no ha sido acertada. Han tenido en cuenta una sentencia belga, pero el sistema de allí no es aplicable al español.

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—¿Ha mejorado la situación del turno de oficio valenciano?

—Estamos moderadamente satisfechos. Con el nuevo equipo de la Conselleria se ha regularizado la indemnización por tramitación de expediente y se ha conseguido un aumento de los baremos del 10%. Evidentemente, con el compromiso de que la subida será progresiva. No deja de ser una retribución insuficiente, porque aunque estamos hablando de un servicio social, el trabajo que conlleva para el profesional debe pagarse de una manera digna. Y a veces no ha sido así.

—También acaba de tramitarse la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

—Supone un gran avance, porque incluye nuevos conceptos, fases judiciales que antes ni siquiera existían. Ten en cuenta que en todo este tiempo ha habido una reforma del Código Penal, han desaparecido los juicios de faltas, han entrado particularidades de violencia de género... Es cierto que ha sido lenta, le ha faltado agilidad, y los baremos se han actualizado con los conceptos que existen, cuando en realidad hay variaciones sustanciales. Otra gran novedad es que se han introducido por primera vez para València las macrocausas.

—Algo necesario con tanto escándalo político...

—Sí, digamos que València es un sitio muy especial. Espero que todo lo que se tenía que destapar a nivel político ya esté destapado. Los juzgados están trabajando muy bien. Pero es cierto que los grandes procedimientos derivados de la situación política o de fraudes económicos han dado lugar a trabajos muy extensos, hasta la fecha pagados como cualquier otro caso penal. Y merecen una retribución especial.

—¿La sintonía con esta Administración es mejor que con la anterior?

—Mi obligación es sintonizar con cualquier Administración. Puedo sentir gran admiración profesional hacia Gabriela Bravo, que la siento, pero he trabajado igualmente bien con otros consellers. Una cosa es cierta: los procuradores estamos muy contentos de que al fin haya una jurista al frente de la Conselleria, porque siempre se había apostado por un perfil propio de Administración Pública. 

—Aun así le habrán exigido más medios para los juzgados, ¿no?

—¡Desde luego! La Comunitat es la última que se está incorporando a la presentación telemática, el conocido ‘papel 0’, porque no existe capacidad técnica. En el resto del territorio nacional ya está en marcha. No podemos empezar con la notificación telemática cuando el funcionario no tiene la doble pantalla ni el juez el expediente digital y se tiene que imprimir los papeles para llevárselos a casa; se requiere sincronización. Ha habido un experimento piloto en Gandia, pero los problemas han llegado al extenderlo al resto de territorios, sobre todo derivados de que los códigos no coinciden.

—¿A qué se refiere?

—A un problema de transposición. Los códigos que te da el sistema valenciano no se corresponden con los del Ministerio de Justicia, lo que provoca el rechazo de los escritos. Te toca hacer una subsanación. En el día a día, esto es un horror. No es eficiente, pero es que ni siquiera es seguro. Cuando se produjo este problema e Indra (la empresa proveedora) no pudo dar una explicación de la variación de códigos, tendríamos que haber parado. La Dirección General de Justicia decidió seguir, cuando debería haber parado. Ahora se habla de que València se incorporará al ‘papel cero’ en marzo. A mí me parecería imprudente y un colapso. 

«Podemos ejercer de abogados y viceversa. Igual que un anestesista podría suplir al cirujano en una situación de emergencia»

—¿La tramitación telemática amenaza la figura del procurador?

—Si tuviese que defender la figura del procurador en base a presentar en mano un escrito, sería para morirme. El procurador es mucho más. Ostenta la representación procesal en un procedimiento y, como tal, es una doble garantía, impulsa los trámites y libera de trabajo al letrado. Somos licenciados en Derecho, nuestro trabajo no va de presentar un papel.

—Pero han hablado de ampliar sus funciones con la mediación o el mundo empresarial.

—Somos una profesión liberal, así que estamos en la obligación de dar cuantos más servicios, mejor. En la mediación tenemos muchísimas posibilidades, porque estamos acostumbrados a lidiar con las partes. También tenemos un portal de subastas propio, un sistema de certificación de envíos para notificar con seguridad, un depósito judicial... ¡Las posibilidades son tantas! 

—Fueron muy críticos con el borrador de la Ley de Servicios que eliminaba la incompatibilidad para ejercer como abogado y procurador a la vez, ¿por qué?

—Y al final el Gobierno y los agentes jurídicos nos dieron la razón. Los procuradores estamos capacitados para ejercer como abogados y viceversa. Pero igual que un anestesista podría suplir al cirujano en una situación de emergencia. Es posible, pero no deseable.

 —¿Por qué se presentó a la reelección como decana?

—Porque en los primeros cuatro años no me dio tiempo a hacerlo todo. Cualquier proyecto necesita al menos ocho, y ese es el límite que vamos a fijar en los estatutos. Hemos hecho una auditoría laboral para optimizar recursos y dejar una estructura más eficaz. El objetivo ha sido atajar las pérdidas y, en el momento en el que ha habido beneficios, repercutirlos en una bajada de tasas. Esto no es una empresa y hay compañeros pasando momentos muy difíciles en sus despachos.

—¿Y ahora qué?

—Queremos modernizar los servicios en las sedes judiciales, para no tener un Fórmula 1 en la Ciudad de la Justicia, pero estar con máquinas de escribir en otras partes. Y en el primer semestre del año aprobaremos los nuevos estatutos... ¡Me falta tiempo!

* Este artículo se publicó íntegramente en el número 29 de la revista Plaza

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